Organización de la educación municipal

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Es evidente que la educación chilena aún no alcanza un estándar de calidad aceptable, lo que afecta en especial a los estudiantes más vulnerables, en gran proporción inscritos en los establecimientos municipales, que han ido concentrando gran parte de la matrícula de esas características, pero han perdido alumnos a tasas crecientes en los últimos años. Los aprendizajes de nuestros estudiantes en diversas disciplinas son reducidos y, además, se distribuyen muy desigualmente y están correlacionados en forma importante con el nivel socioeconómico de aquéllos.

En sí misma, esa menor participación de los municipios en la oferta educacional no debe ser motivo de preocupación, pues hay alternativas que podrían satisfacer igual propósito en forma similar o mejor. Sin embargo, es muy probable que la educación municipal mantenga una proporción relevante de la matrícula total. Por eso, es necesario estudiar qué cambios pueden hacerse para asegurar que haga esta tarea de la mejor manera. Un panel de expertos convocado por el Ministerio de Educación estimó que las respuestas al respecto incluyen un cambio en la institucionalidad que cobija a la educación municipal. En particular, propone retirar a la educación de gestión pública de la esfera directa del alcalde, y traspasar los colegios municipales a corporaciones de giro único, que denomina agencias locales de educación (ALE).

Éstas serían dirigidas por un consejo cuya mayoría sería nombrada por el alcalde sobre la base de ternas para cada cargo elaboradas por el sistema de alta dirección pública. Los demás miembros serían elegidos por padres y apoderados con hijos o pupilos en los establecimientos del área cubierta por la respectiva agencia. El alcalde mantendría un control sobre la educación municipal, aunque su grado de injerencia se reduciría en aras de una administración más profesional de la misma. En general, la agencia local de educación se organizaría para cada comuna, pero también podría abarcar varias comunas si el tamaño de ellas es muy pequeño. En tal caso, sería responsabilidad del gobierno superior de la agencia evaluar el modo más apropiado de asegurar la provisión de educación de todos los estudiantes que queden bajo su dependencia. Para ello podría establecer, por ejemplo, convenios con otras agencias.

Atendiendo a la experiencia internacional, el panel de expertos afirma que esta nueva forma de organizar la educación de gestión pública debe ser descentralizada, y que esa posibilidad desaparece si ésta pierde sus raíces locales. Es muy probable que una solución de estas características sea ciertamente superior a una centralizada, pero, pese a los atractivos del reporte presentado por dicho panel, no es evidente que la propuesta específica que se haga vaya a producir resultados sustancialmente mejores que los actuales, sobre todo porque nada garantiza que ella permita atraer y retener a mejores directivos y docentes -factores fundamentales para una educación de calidad-. Quizás por eso, ese panel recomienda una adopción gradual de esta propuesta, y plantea que ella se desarrolle del modo más flexible posible, para evaluar progresivamente su efecto y corregir deficiencias en el diseño sugerido.

Esta propuesta, combinada con la petición del mismo panel de establecer como requisito adicional para proveer educación un tamaño mínimo de los establecimientos, tras un período prudente, puede producir resultados positivos. Ese tamaño mínimo -con todas las prevenciones necesarias para adaptarse a las distintas realidades geográficas del país- parece indispensable para reunir y financiar a los directores y docentes que se requieren para una educación de calidad en todos los sectores sociales.

Este informe es un documento interesante, que debería abrir una discusión cuidadosa sobre la mejor forma de reorganizar la educación de gestión pública.

Autor:

http://blogs.elmercurio.com

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